La directora general del IMSERSO, Mayte Sancho, ha avanzado que la reforma de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Promoción de la Dependencia (LAPAD), que actualmente está siendo revisada por el Ministerio de Hacienda con carácter previo a su aprobación definitiva, introducirá un concepto amplio de viviendas que incluye el cohousing o viviendas colaborativas como espacio en el que las personas que allí residan puedan recibir las prestaciones que reconoce la ley. El texto pendiente de aprobación “especifica viviendas que estén promovidas por entidades sin ánimo de lucro”, ha dicho Sancho.
Mayte Sancho ha hecho este anuncio durante su participación en la mesa de cuidados celebrada esta mañana en el Foro de Vivienda Cooperativa Sénior que se celebra desde hoy en San Sebastián. En su intervención, ha citado concretamente el cambio en el Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD), que prevé la organización colectiva de servicios “cuando los cuidados sean gestionados de forma participativa y sin ánimo de lucro en los siguientes supuestos: cuando las personas residan en la misma vivienda, cuando residan en viviendas que forman parte de un equipamiento de carácter colectivo ubicado en un entorno comunitario”.
La mesa de cuidados del Foro, moderada por Javier del Monte, de la Asociación Jubilares, ha contado con la participación —además de Mayte Sancho— de Inés Francés, directora gerente de la Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas, y de Lluís Torrens i Mèlich, experto en el ámbito de derechos sociales que ha trabajado en el área de derechos sociales en el Ayuntamiento de Barcelona y la Generalitat de Cataluña.
En la intervención con la que se ha abierto el diálogo en esta mesa, la directora general del IMSERSO también ha adelantado que la reforma legal abrirá la puerta a la “colectivización de los servicios, fundamentalmente los servicios domiciliarios”. “Colectivizar es una manera más eficaz de adaptarse a las necesidades de las personas —ha explicado—, no tendría mucho sentido que en un cohousing aparezcan 50 auxiliares de ayuda a domicilio para atender a 50 personas”.
Con esta fórmula pretenden mejorar la cobertura para distintas alternativas residencialkes, no solo las viviendas colaborativas, ya que, según ha indicado, es una “alternativa que no es para todo el mundo. No todas las personas quieren la participación, la organización en cooperativa”, entre otros motivos por el gran trabajo que supone (estos proyectos tardan una media de diez años en salir adelante). De ahí que, en la reforma de la LAPAD, el texto hable de “generación de viviendas en el más amplio sentido de la palabra”, para que quepan diferentes modalidades, incluyendo una “reformulación de la definición de las residencias” que permita avanzar en la línea de la personalización de los cuidados.
Otros cambios en la LAPAD que ha anunciado durante su intervención de hoy es que se permitirá que las prestaciones a las que da derecho la ley puedan recibirlas personas allegadas y no únicamente familiares, lo que también supone un reconocimiento a las nuevas formas de convivencia (por ejemplo aunque no solo, las que que se dan en el cohousing o viviendas colaborativas sénior). Además, se suprimirán las incompatibilidades entre distintos servicios; de esta forma, quienes tienen reconocido el derecho a un centro de día podrán también contar con el SAD.
La posibilidad de compatibilizar distintos servicios de apoyo es una de las medidas más demandadas por las personas en situación de dependencia y sus familias y, actualmente, solo es posible en la provincia de Guipúzcoa. Esto ha dado pie a la directora general del IMSERSO a recordar que esta ley, de ámbito estatal, es un texto marco y que la competencia para desarrollar las políticas de vivienda y cuidados corresponde a las comunidades autónomas.
Vivienda colaborativa y cuidados: las Administraciones ante el reto de definir y regular los cuidados comunitarios
El objetivo de la mesa de cuidados del Foro de Vivienda Cooperativa Sénior de Donostia era conocer la visión y distintas posibilidades de actuación de las Administraciones públicas para favorecer el desarrollo del modelo de viviendas cooperativas. En este sentido, toda la mesa se ha mostrado favorable a que las políticas diferencien los ámbitos de vivienda, sanidad y servicios sociales y que las viviendas colaborativas tengan una consideración de viviendas. “Otra cosa —ha señalado la directora gerente de la Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas, Inés Francés— es que se diseñen los espacios de forma que favorezcan los cuidados y puedan ser para toda la vida”. En este sentido, ha abogado por situar la accesibilidad universal como “paradigma de cómo se construye”.
Como muestra de que la realidad e incluso la voluntad política es difícil de encajar en la normativa, el Gobierno de Navarra ha regulado las viviendas colaborativas como “servicio social” con la finalidad de “generar un marco normativo que permita prestar servicios de cuidados” en ellas.
Lluís Torrens también ha abogado por separar claramente los “servicios hoteleros, sanitarios y sociales”, al tiempo que ha defendido la necesidad de “favorecer que se creen unidades de la economía social para la gestión asistencial”, siguiendo el ejemplo de las cooperativas y sociedades laborales que funcionan en Gran Bretaña. Tras citar un reciente informe del Gobierno de Estados Unidos sobre el impacto negativo de la prestación de cuidados por parte de multinacionales multiservicios en la calidad de los mismos, Torrens ha defendido que la parte asistencial sea pública o social.
Tras las novedades en relación con la reforma de la LAPAD, la dimensión social y de los cuidados basados en recursos comunitarios ha sido el gran asunto de esta mesa, una dimensión relacionada con el “cambio radical, cultural” que reclaman las personas mayores actualmente. “Somos más exigentes, valoramos la autonomía, el proyecto propio, vivir como quiero. Somos un poco difíciles para la Administración”, ha admitido Mayte Sancho. Todo ello exige cambios normativos que siempre van por detrás de la realidad, como viene ocurriendo con el movimiento del cohousin o viviendas colaborativas.
La otra gran dificultad de este cambio de paradigma es sustituir los modelos institucionalizantes de cuidados por otros basados en entornos comunitarios. Los veinte proyectos piloto de innovación social —entre los que se encuentra Comunidades de Cuidados— que se han desarrollado en los últimos tres años han tenido como objetivo ensayar nuevas fórmulas comunitarias. El desafío ahora es generalizarlas. Como ha señalado la representante del Gobierno de Navarra, “la comunidad es difícil materializarla, cuando hablamos de servicios comunitarios parece que se diluye”, algo que no ocurre con el modelo tradicional de residencias.
Para Inés Francés, “la propia ciudadanía se tiene que hacer corresponsable de cómo definir, de cómo prestamos los cuidados y ser protagonista de esos cuidados”. En su opinión, los entornos comunitarios favorecen el cuidado y posibilitan mantener relaciones sociales empáticas que mejora la calidad de vida, la prevención, el envejecimiento saludable y la formación de redes que facilitan la prestación de servicios de cuidados por parte de la Administración u otros agentes. En esta misma línea Mayte Sancho ha recordado que en España hay margen para desarrollar el voluntariado como otro agente comunitario importante para evolucionar hacia “ecosistemas de cuidados locales”.
Distintas fórmulas para avanzar hacia nuevos modelos de vivienda y cuidados
La participación de representantes de la Administración ha permitido conocer distintas fórmulas para favorecer el modelo de viviendas colaborativas o cohousing, así como otras alternativas residenciales. Además de las importantes modificaciones de la LAPAD pendientes de su aprobación definitiva, que han centrado en buena medida el desarrollo de la mesa, se ha presentado el caso ya mencionado de Navarra, donde el Gobierno foral introdujo en su nuevo decreto regulador de distintos recursos de cuidados una especificidad que abriera la posibilidad de prestar servicios de cuidados en este tipo de viviendas al considerarlas como un “servicio comunitario”. Aunque no se considera la fórmula ideal, es un primer paso para que quienes viven en un cohousing puedan acceder a servicios domiciliarios, plazas en centros de día, etc. en igualdad de condiciones que si residieran en un domicilio convencional.
Por su parte, Lluís Torrens ha presentado las acciones emprendidas por el Ayuntamiento de Barcelona para impulsar el modelo de viviendas cooperativas en régimen de cesión de uso. En su exposición, ha destacado que este modelo apuesta por soluciones de proximidad, intergeneracionales y atentas a los derechos tanto de quienes reciben como de quienes proveen cuidados. “El SAD está contemplado como un sistema estajanovista, en el que facturas por horas —ha criticado—, lo que genera muchas jornadas parciales y bajos salarios”, ha explicado. Esto conlleva, no solo una peor calidad de los cuidados prestados, sino que las personas que trabajan en este sector, en su mayoría mujeres, necesiten a su vez ayudas sociales “para llegar a fin de mes”.
Con el objetivo de ofrecer soluciones a esta situación, el modelo ESAL (entidades sin ánimo de lucro) propone la cesión de 30 solares en la ciudad con el objetivo de crear edificios urbanos de 60-70 viviendas, con zonas comunitarias polivalentes (para atención sociosanitaria pero también para actividades de ocio) y cafetería abierta al vecindario entre otros equipamientos.
Este modelo separa lo inmobiliario de la gestión de la dependencia, puesto que las viviendas no se registran como establecimiento social. Contempla dos opciones distintas, una en la que el 80% de las/los inquilinas/os tienen una casa en propiedad que pasa a ser gestionada desde el paquete público-social y otra que corresponde a las iniciativas de vivienda cooperativa en régimen de cesión de uso. Según este experto, este esquema permitiría generar 250.000 viviendas nuevas y 250.000 reutilizadas hasta 2040.
Lluís Torrens ha destacado que el modelo barcelonés permite hacer frente a la emergencia habitacional, al tiempo que atiende las necesidades de jóvenes y mayores, dos sectores de población con situaciones de vulnerabilidad particulares. Torrens ha destacado algunas de las condiciones que deberían cumplirse para que el modelo sea un éxito:
- Dimensionar los servicios comunes para que funcionen como un centro de día desde para quienes viven en el edificio y también para dar servicios domiciliarios en el barrio.
- Mancomunar y compatibilizar prestaciones (prestación económica vinculada al servicio, SAD, prestación para cuidadores/as no profesionales y, a medio plazo, avanzar hacia presupuestos personalizados.
- Mezclar generaciones y vulnerabilidades.
- Ofrecer modelos para entornos rurales, siguiendo la línea de la iniciativa francesa Age & Vie.
Otras fórmulas con las que las Administraciones pueden favorecer el modelo de vivienda cooperativa sénior, según este experto, son subvenciones a fondo perdido o fórmulas de cotitularidad, es decir, que la Administración entre como socia de la cooperativa, incluso permitiendo que en el futuro su parte la puedan comprar los socios.
En el turno de preguntas, el público asistente —en gran medida miembros de cooperativas de cohousing sénior— han pedido más ayudas públicas, en forma por ejemplo de avales que faciliten la financiación de estos proyectos.
