Estamos de enhorabuena. La Unión Europea se prepara para formalizar los Fondos Estructurales y de Inversión de los 7 años venideros (2014-2020). El marco propuesto para este nuevo periodo representa una oportunidad histórica para proteger los derechos de las personas más excluidas en Europa (las institucionalizadas). Por primera vez, las nuevas regulaciones para la inversión en políticas de cohesión de la UE, adoptadas el pasado diciembre por el Consejo Europeo y el Parlamento Europeo incluyen referencias específicas al apoyo de la “transición de cuidados institucionales a otros basados en la comunidad”. Esto facilitará una necesaria innovación real en el sector de los servicios sociales.
Los miembros de Inclusion International definen “institución” como el “lugar donde la gente que ha sido etiquetada con discapacidad intelectual es aislada, segregada y/o congregada. Una institución es un lugar donde la gente no tiene o no se le permite ejercer el control sobre sus vidas y las decisiones del día a día. Una institución no es definida meramente por su tamaño”.
El fenómeno es más frecuente de lo que parece, y alcanza a muchos colectivos. En realidad es fácil de detectar, la persona “institucionalizada” termina por aceptar las normas que se le imponen sin cuestionarlas, olvidando sus preferencias personales o la mera intención de decidir algo por ella misma. La persona es forzada a daptarse a las normas de la institución, que a menudo sólo tienen motivos administrativos o de organización, cuando debería ser la institución la que, con mecanismos más flexibles, fuese capaz de adaptarse a cada persona, para poder proveerle de servicios y atenciones respetando su autonomía.
En 2009 se conformó el “Grupo de Expertos Europeos sobre la Transición de cuidados institucionales a cuidados basados en la comunidad” (GEE), una coalición que representa a personas con necesidades de cuidado o apoyos, proveedores de servicios, autoridades públicas y organizaciones intergubernamentales.
Desde entonces el grupo defiende la creación de fondos de la Unión Europea destinados a la reforma de los sistemas de cuidados y atención en los estados miembros, y una implicación más significativa por parte de las organizaciones de la sociedad civil. Ahora velará, a través de la guía de recomendaciones, por que se cumplan las regulaciones que claramente apoyan la transición de los cuidados basados en instituciones a los basados en la comunidad.
Desde Jubilares nos alegramos de esta noticia. Abre nuevas posibilidades de financiación mediante fondos europeos para iniciativas como la creación de jubilares (“senior cohousing” con asistencia integral y centrada en la persona). En este sentido, seguiremos atentos para informar sobre el tipo de ayudas que puedan establecerse. Por otra parte, consideramos que la respuesta europea es la coherente a un cada vez más fuerte reclamo de autonomía, personal y colectiva, de la desinstitucionalización como reivindicación del protagonismo de la sociedad civil, del protagonismo de nuestra persona, en toda su dignidad, en nuestro día a día.
Hace ya seis años que nuestro país ratificó la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad (de 13 de diciembre de 2006). En su artículo 19 habla del “Derecho a vivir de forma independiente y a ser incluido en la comunidad“.
Si las leemos despacio descubriremos que se trata de palabras de profundo significado. Ahora toca ser coherentes.
